Qué deben pactar la empresa y la persona trabajadora antes de comenzar a trabajar a distancia
El teletrabajo no debería organizarse mediante acuerdos verbales o decisiones improvisadas. Cuando se presta de forma regular, la empresa y la persona trabajadora deben formalizar por escrito las condiciones que regularán esta modalidad laboral.
La Ley 10/2021 considera trabajo a distancia regular aquel que alcanza, en un periodo de tres meses, al menos el 30 % de la jornada, o el porcentaje proporcional correspondiente según la duración del contrato.
Un acuerdo voluntario y por escrito
El teletrabajo es voluntario para ambas partes. No puede imponerse unilateralmente y debe formalizarse antes de comenzar a trabajar a distancia.
El acuerdo puede incluirse en el contrato inicial o firmarse posteriormente. Cualquier cambio en sus condiciones, como el número de días de teletrabajo, también deberá pactarse por escrito.
¿Qué debe incluir el acuerdo de teletrabajo?
El documento debe recoger, como mínimo:
- Los equipos, herramientas y medios facilitados por la empresa.
- Los gastos generados y el sistema de compensación.
- El horario de trabajo y las reglas de disponibilidad.
- El porcentaje de trabajo presencial y a distancia.
- El centro de trabajo al que queda adscrita la persona.
- El lugar elegido para teletrabajar.
- Los sistemas de control utilizados por la empresa.
- El procedimiento ante incidencias técnicas.
- Las instrucciones sobre protección de datos y seguridad.
- La duración del acuerdo y las condiciones para volver al trabajo presencial.
Equipos, gastos y registro horario
La empresa debe proporcionar y mantener los medios necesarios para desarrollar la actividad. El trabajador no puede verse obligado a asumir los gastos relacionados con el teletrabajo.
Además, trabajar desde casa no elimina la obligación de registrar la jornada. El sistema debe reflejar el inicio y la finalización del trabajo y respetar el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral.
Prevención de riesgos y privacidad
La empresa debe evaluar los riesgos del puesto de trabajo, especialmente los ergonómicos y psicosociales. Los mecanismos de supervisión deben ser adecuados y respetar la intimidad de la persona trabajadora.
Un acuerdo completo evita malentendidos, define las responsabilidades de ambas partes y proporciona seguridad jurídica.
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